Más de 100.000 viviendas vacías y jóvenes sin poder emanciparse: el fracaso de las leyes de vivienda en Asturias
Los precios suben un 9,3% en un año mientras miles de jóvenes encuentran dificultades para emanciparse. El Principado combina límites al alquiler e incentivos a los propietarios, pero queda por conocer cuántas viviendas consigue incorporar al mercado.
Asturias tenía 100.646 viviendas vacías en 2021, cerca del 15% del parque residencial, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Cinco años después, el alquiler sigue encareciéndose. En septiembre, los precios anunciados alcanzaron los 10,9 euros por metro cuadrado, un 9,3% más que el año anterior, según idealista.
La subida supera la media nacional, situada en el 5,6%, y se acentúa en algunas localidades asturianas. En Avilés, el alquiler se ha encarecido un 14,5% en el último año y en Oviedo, un 10,4%. Tanto en la capital como en Gijón, los precios anunciados alcanzan los 11,7 euros por metro cuadrado. Alquilar un piso de 80 metros supondría unos 936 euros mensuales, sin contar suministros, una cifra que complica especialmente la emancipación de los jóvenes, que deben afrontar estos precios con salarios de entrada al mercado laboral.
El contraste entre viviendas desocupadas y alquileres cada vez más caros vuelve a situar el foco sobre las decisiones de los propietarios y las políticas de las administraciones.
¿Por qué hay propietarios que prefieren no alquilar?
El temor a los impagos, los desperfectos o las dificultades para recuperar una vivienda en caso de incumplimiento son algunos de los motivos que pueden llevar a un propietario a mantenerla cerrada. A ellos se suman los gastos de mantenimiento, la fiscalidad y la incertidumbre sobre los cambios legislativos.
La Ley de Vivienda de 2023 introdujo nuevas herramientas para intervenir en el mercado, entre ellas la posibilidad de limitar determinados alquileres en las zonas tensionadas y aplicar recargos en el IBI a viviendas que permanezcan vacías bajo ciertas condiciones.
El Gobierno asturiano ya ha recurrido a esta regulación en barrios de Gijón y Avilés, así como en otras localidades del Principado. El objetivo es contener los precios, aunque el sector inmobiliario advierte de que endurecer las condiciones del alquiler puede llevar a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o buscar otras fórmulas de arrendamiento.
La preocupación ha aumentado esta semana tras la aprobación, el 6 de octubre, de nuevos decretos del Gobierno central que modifican las condiciones de determinados contratos de alquiler. La incertidumbre sobre su aplicación ha llevado, según testimonios recogidos en el sector inmobiliario, a que algunos propietarios soliciten aplazar firmas y visitas a viviendas hasta conocer el alcance de las nuevas obligaciones.
Estas decisiones ponen de manifiesto las reticencias de parte de los arrendadores ante los cambios normativos. Aunque todavía es pronto para conocer su impacto en Asturias, la posibilidad de que algunos propietarios retrasen la comercialización de sus inmuebles añade presión a un mercado en el que encontrar un piso de alquiler resulta cada vez más difícil.
El Principado ofrece garantías mientras regula los precios
Frente a las reticencias de los propietarios, el Gobierno asturiano ha puesto en marcha Alquilámoste, un programa aprobado en 2025 para incorporar viviendas privadas vacías al alquiler asequible.
La iniciativa permite ceder temporalmente los inmuebles a la empresa pública Vipasa a cambio de un pago mensual garantizado. La Administración asume la gestión del arrendamiento y ofrece cobertura frente a determinados riesgos, incluidos los impagos y desperfectos.
La fórmula deja una situación llamativa: mientras el Gobierno limita los precios en determinadas zonas, también destina recursos públicos a ofrecer la seguridad que algunos propietarios consideran insuficiente para alquilar por su cuenta.
El alcance de esta iniciativa dependerá del número de viviendas que consiga incorporar al mercado. Sin un balance actualizado de pisos captados y contratos formalizados, no es posible determinar cuánto está contribuyendo a ampliar la oferta.
A esta situación se suma la gestión del propio parque público. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, reconoció este martes en la Junta General que 305 viviendas están pendientes de adjudicación, de las que 259 corresponden a alquiler social y 46 a alquiler asequible. El Principado sostiene que buena parte se encuentra en procesos habituales de rotación entre inquilinos, que pueden prolongarse unos seis meses.
El Partido Popular ha cuestionado estas cifras y ha reclamado explicaciones sobre una respuesta anterior de la Consejería que situaba en 634 los inmuebles públicos desocupados. La oposición exige acelerar su recuperación y puesta a disposición de las familias.
El debate sobre la vivienda enfrenta así dos necesidades que las administraciones todavía no han logrado conciliar: proteger a quienes buscan un alquiler asequible y conseguir que haya más pisos disponibles.
Mientras el Gobierno central endurece la regulación y el Principado ofrece garantías para atraer propietarios, la vivienda sigue encareciéndose en Asturias. Y, según los propios datos de la Administración, parte del parque público continúa pendiente de adjudicación, con plazos que pueden alcanzar medio año entre un inquilino y el siguiente.
