La ley de nietos pone contra las cuerdas a Exteriores: solo el 0,55 % acredita los requisitos para votar el 29N
El Gobierno ha entregado al Tribunal Supremo una lista de 163.355 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar del voto. Solo 901 cuentan con la certificación exigida para participar en las elecciones, mientras los consulados afrontan la revisión de miles de expedientes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, llega a las elecciones del 29 de noviembre con un conflicto abierto sobre el voto de miles de españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos.
De los 163.355 ciudadanos identificados por el Gobierno, únicamente 901 han acreditado documentalmente su condición de descendientes de exiliados, requisito establecido por el Tribunal Supremo para poder votar. La cifra representa apenas el 0,55 % del listado entregado el 28 de octubre.
¿Qué es la ley de nietos y por qué interviene el Supremo?
La denominada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, permitió acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que abandonaron el país durante la Guerra Civil y la dictadura.
Una instrucción posterior del Ministerio de Justicia amplió su aplicación al presumir el exilio de quienes emigraron entre 1936 y 1955, sin exigir en todos los casos una acreditación individual de sus motivos.
Tras los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, el Supremo suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados afectados, salvo que los consulados certifiquen que cumplen los requisitos de exilio establecidos judicialmente. La medida afecta al sufragio, no a la nacionalidad española.
De 91 certificados a 901: una revisión contrarreloj
El 21 de octubre, la Administración había revisado 31.390 expedientes y expedido solo 91 certificados válidos, el 0,3 %. Una semana después, Exteriores elevó a 901 las acreditaciones comunicadas, aunque el listado de personas potencialmente afectadas alcanza las 163.355.
La situación provocó un enfrentamiento institucional. El Supremo dio a los ministros Albares y Félix Bolaños hasta el 28 de octubre para identificar a los afectados, bajo advertencia de multas y posibles responsabilidades por incumplimiento.
El Ejecutivo entregó finalmente la relación dentro del plazo, pero la identificación de los nacionalizados no resuelve por sí sola su situación electoral. Los consulados deben comprobar qué expedientes cumplen las condiciones exigidas, una tarea dificultada por la documentación no digitalizada y la proximidad de las elecciones.
El derecho al voto, pendiente de la gestión administrativa
El Gobierno sostiene que el impacto electoral será reducido: estima menos de 14.000 votos potenciales si todos los afectados estuvieran inscritos en el censo exterior, aunque reconoce que el listado también incluye personas que no son electores.
La controversia, sin embargo, va más allá de su posible repercusión en los resultados. Miles de ciudadanos obtuvieron la nacionalidad mediante procedimientos autorizados por la propia Administración y ahora deben acreditar nuevos requisitos para ejercer el voto.
Con las elecciones a un mes de distancia, Exteriores debe garantizar que la revisión de expedientes permita identificar a quienes tienen derecho a participar, sin que las limitaciones administrativas terminen condicionando su ejercicio.
